Otro de los objetivos a lograr es que, en la designación de los órganos decisorios de las Universidades, desaparezca
cualquier tipo de procedimiento democrático. Llevan tiempo tratando de
defender la llamada Universidad Gerencial en la que el Rector sería un
gerente nombrado por el Consejo social, o cualquier otro órgano similar,
designado de manera mayoritaria por políticos, lo que les garantizaría
la mayoría absoluta para lograr imponer su candidato.
Esta
postura chocaba frontalmente con los intereses de la CRUE, por lo que
se iniciaron conversaciones exploratorias con una asociación privada, de
la que se desconoce hasta su manera de financiarse.
Los partidarios de avanzar a mayor velocidad, consideran que es imprescindible llevar aún más lejos esos planteamientos,
abogando por la desaparición del claustro, y por la designación directa
– por parte del Rector- de los decanos, y que estos designen, a dedo, a
los directores de los departamentos.
Nos
llegan noticias, incompletas, que aumentan la zozobra existente: En
Julio de 2018, fue nombrado nuevo Secretario General de Universidades,
el ex vicerrector de la UCM José Manuel Pingarrón. A partir de esa fecha
se ha ido conociendo con cuentagotas la existencia de determinadas
reuniones semisecretas y selectivas, que culminaron con el anuncio, por
parte del Director General de universidades, de la existencia de un
borrador que pretendía ser el esquema de una nueva Ley de Universidades.
Resulta,
cuando menos, sorprendente el sistema seguido por un gobierno que se
autodenomina progresista, de lo que denomina como una Ley de
Universidades por Consenso, ocultando la información, restringiendo la
presencia y la participación de la comunidad universitaria, filtrando
únicamente información a determinados sindicatos y organizaciones
afines, etc. etc.
Ante
semejante situación, CUPUMA considera que es imprescindible reclamar
información fidedigna al actual ministro en funciones Pedro Duque, y/o a
quien le sustituya, sobre esa nueva ley, así como solicitar formalmente
la participación, en la elaboración de dicho documento, de toda la
comunidad educativa, para que se pueda hablar con fundamento de una ley
de universidades de consenso, elaborada con verdadera trasparencia.
Solo podemos hablar, y parcialmente, de ciertos temas desvelados por algunos de los presentes en las ya citadas reuniones.
Se
llevó a cabo una presentación de lo que se denomina las bases de una
ley de Universidades, en la que “el Secretario General nos ha ido
explicando sus ideas sobre la carrera profesional, desde el acceso hasta
la cátedra. Aunque afirman que la vía preferente de consolidación de la
carrera profesional del profesorado, en el sistema universitario
público español, es la vía del funcionario público, no se excluye la vía
laboral.
Según este modelo, el acceso, la consolidación y la posterior promoción serán siempre por concurso público”.
Se
pretende igualmente crear y modificar alguna de las figuras docentes
existentes en la actualidad, pero sin entrar nunca en el fondo del
problema, ignorando tanto la existencia de posibles fraudes de ley, como
manteniendo la precariedad, y tratando de poner un parche a la
utilización fraudulenta y generalizada de las figuras de profesores
visitantes y profesores asociados.
La experiencia demuestra que,
si uno tiene interés en conocer lo que le espera a la universidad
española en los años próximos, hay que leer los informes anuales sobre
el sistema universitario español, con el que la fundación CYS pretende “contribuir e impulsar la transformación de la cultura universitaria en una cultura que premie la voluntad emprendedora y la capacidad de riesgo de todos los que participan en ella.”
La
razón es evidente y la utilización de un ejemplo actual, lo pone
claramente de manifiesto. Mientras desde el gobierno, por un lado, y las
Comunidades Autonómicas por otro, tratan de poner a punto legislaciones
nacionales y autonómicas -frecuentemente contradictorias, ahí tenemos
el reciente anuncio de la Comunidad de Madrid de preparar una nueva ley
que sustituya a la fallida de Cifuentes- en el mayor de los secretos,
ocultando tanto sus intenciones, como los participantes en su redacción.
Los
planteamientos de la Fundación de la señora Botín son obligatoriamente
diferentes porque su intención -al menos aparente- es influir como
“externo”, es decir, desde fuera, por lo que están obligados a exponer
sus propuestas con total claridad, sin poder enmascarar sus intenciones
con el uso de eufemismos o/y subterfugios.
La
fundación CYD (Conocimiento Y Desarrollo), presidida por Ana Botín, que
tiene entre sus patronos empresas tan claramente interesadas en -el
negocio de- la Educación, como IBM, Telefónica, Iberdrola y Prisa, presenta dos sugerencias fundamentales para conseguir la “excelencia” en la Universidad:
Los autores del informe proponen acabar con el sistema de elegir a los rectores por sufragio universal -ponderado-.
No se dan razones, únicamente el director del informe, Martí Parellada-
un experto en “educación” que defiende una universidad gerencial, al
servicio de los Bancos, y que se ha dedicado prioritariamente a los
negocios, asegura que se trata de una de las modificaciones legislativas
para “mejorar la autonomía y la gobernanza”.
Además
de reiteradas alusiones a planteamientos generales La única
especificación del director del informe es la afirmación de que “el
sufragio universal ponderado es excéntrico”. Ante semejante problema,
expone rápidamente la solución. No se trata de modificar lo discutible de la actual ponderación , sino que los rectores sean elegidos “por
Consejos de gobierno donde además de la representantes de la
universidad, participen otros ‘externos’ entre ellos patronales o
empresas”.
CUPUMA
considera que, si se lleva a cabo el plan defendido y explicitado por
el Banco de Santander, la opción de la Universidad como servicio
Público, es altamente probable que haya perdido definitivamente la
batalla. Y creemos que hay que impedirlo a toda costa, por el bien de la
enseñanza y la Educación en España.
Dada la situación existente, CUPUMA propone que, si finalmente se
aprovecha la posibilidad de constituir un gobierno progresista, se
afronte de una vez por todas, la problemática de la Universidad en su
conjunto. Se cuente para su elaboración con todos los miembros de la
comunidad universitaria, y toda su tramitación se lleve a cabo con
absoluta trasparencia.
El
catálogo de temas que tendría que abordar y resolver esa ley, sería muy
amplio, y a modo de adelanto y recuento, CUPUMA propone un avance
provisional que sirva de recordatorio provisional.
1.-
Defensa del modelo de Universidad como servicio público en contra de
las persistentes ataques privatizadores, que se traducen, entre otras
cosas, en la permanente aumento de las universidades privadas, en
contraste con el estancamiento de las públicas.
2.-
Revertir la legislación de la época WERT, incluyendo la artificiosa e
incoherente separación posterior de Educación y Universidad en dos
ministerios diferentes.
3.-Mantenimiento
y desarrollo de los planteamientos democráticos en la Universidad, con
elección por sufragio universal de los rectores, de los decanos y de los
directores de departamento, oponiéndose a los ataques coordinados de
Bancos y empresarios.
Igualmente
asegurar la trasparencia de la Universidad, y garantizar la
participación de la comunidad Universitaria en las decisiones
fundamentales de la Universidad Pública.
4.- Incremento de la inversión educativa hasta que alcance la media de la CEE.
5.-
Llevar a cabo una auditoria del gasto público en servicios
externalizados, cuyos resultados no parecen coincidir con las optimistas
previsiones que, teóricamente, justificaban su privatización.
6.- Un adecuado estudio de las infraestructuras necesarias, seguida de una dotación adecuada para llevarla a cabo.
7.
– Reversión de los recortes, bajada de las tasas,- con vistas a llegar a
la gratuidad como en otras naciones europeas. Incremento de las
plantillas para garantizar una educación universitaria de verdadera
calidad.
8.-Cumplir
la legislación en vigor, acabando, de una vez por todas, con los
fraudes de ley que vienen produciéndose en la utilización ilegal de una
gran parte de las figuras de profesores visitantes y profesores
asociados.
9-
Reestructuración de la Agencias de acreditación, incluida la ANECA,
descartando que se valore la calidad de una investigación por la empresa
editora, y no por su contenido.
10.- Garantizar la Igualdad de requisitos para la creación de universidades públicas y privadas.
12.-Clarificación y
racionalización de la carreras del Personal no docente, con la creación
de un estatuto consensuado del PAS, donde se especifique con absoluta
claridad y trasparencia, las fórmulas de promoción previstas.
13.- Desaparición de la precariedad y la explotación sistemática, de determinadas figuras docentes.
14.- Cumplimiento riguroso de los límites de interinidad previstos.
15.-
Crear una comisión de investigación que estudie la utilización
torticera de la autonomía universitaria como forma de encubrir la
corrupción en la Universidad, o para evitar castigar comportamientos tan
inaceptables como los plagios, o el regalo magnánimo de títulos
universitarios a políticos.
Si consideramos inaceptable que el dinero previsto para construir colegios, pueda acabar financiando ilegalmente partidos como
el PP de la Comunidad valenciana, es indispensable presionar, para que
se publique una legislación que defienda la Universidad Pública,
entendida como servicio público y que asegure la igualdad de
oportunidades de todos los españoles
22 de Noviembre de 2019
CUPUMA Coordinadora Universidades Públicas de Madrid
